Acuerdo contra el crimen

Por Alberto Begné Guerra

La escalada de violencia del crimen organizado ya no es, por desgracia, una novedad, pero lo cierto es que en las últimas semanas se ha agudizado a tal extremo que si no somos capaces de asumir este desafío como una responsabilidad de Estado, compartida por gobiernos, partidos y sociedad, no hay nada que asegure su contención y, menos aún, su superación. Y es que además de la extendida percepción de vulnerabilidad —y de los altos costos que ésta genera desde muy diferentes puntos de vista—, corremos el riesgo de transitar a una suerte de resignación colectiva donde este fenómeno absolutamente destructivo empiece a ser visto como parte de una nueva normalidad.

Ahora que contamos con más información sobre los autores, móviles y operación del asesinato del comisionado de la PFP, Édgar Millán, resulta más que evidente el enorme poder corruptor y el alto grado de infiltración de las fuerzas de seguridad pública por parte del crimen organizado. El comisionado Millán, de acuerdo a las investigaciones en curso, fue víctima de la venganza de narcotraficantes y la traición de agentes o ex agentes de las propias corporaciones policiales. Pero el negocio del tráfico de drogas no sólo involucra a policías y ladrones. Se trata, efectivamente, de un mal que atañe a distintos segmentos sociales, actores políticos y agentes económicos.

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